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15/07/2025
Este miércoles 9 de julio, la Sala de la Cámara Alta, aprobó y despachó por unanimidad el proyecto de Ley que dará origen al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG). Tras este logro, la iniciativa, ingresada en el Congreso Nacional en 2023, queda lista para transformarse en Ley.
Este nuevo organismo reemplazará -a través de un proceso- al actual Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAIGG) dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Su objetivo central apunta a fortalecer la institucionalidad, a través de la creación de un servicio con más herramientas en sus responsabilidades de supervisión, previsión y prevención de irregularidades.
En este marco, las disposiciones del SAIG serán aplicables a los órganos de la Administración del Estado; las Fuerzas Armadas; y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Por otro lado, quedarán excluidas del trabajo de Servicio, el Banco Central; el Consejo para la Transparencia; los gobiernos regionales; las municipalidades; las empresas públicas creadas por ley, y las instituciones de educación superior de carácter estatal.
Contenido y desafíos de la normativa
La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios, valoró el respaldo a la iniciativa, que ella impulsó y negocio en el Congreso, al tiempo que señaló que “este es un proyecto muy importante que se enmarca en la Agenda de Probidad del Gobierno y que cumple los compromisos mandatados por la Comisión Jaraquemada”.
“En la práctica, lo que hace [el SAIGG] es complementar el control realizado ex post de la Contraloría General de la República con un control ex ante, de carácter preventivo. Esto va a ayudar a la detección oportuna de irregularidades y contribuir así a tener un Estado más eficiente, eficaz, probo y transparente”, detalló Lobos.
Esta nueva institucionalidad vendrá a potenciar el trabajo que hoy realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), entregándole más herramientas para sus responsabilidades de supervisión, previsión y prevención de irregularidades. El SAIG, por tanto, será un servicio de la administración del Estado descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.
En sus propósitos se incluye fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado. Esta labor se realizará mediante actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen la revisión de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.
Respecto de los desafíos para esta nueva institucionalidad, se destaca que deberá hacerse cargo de la Política de Auditoría General de Gobierno, lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos de la Administración del Estado. Esta política regirá por un plazo de cinco años, pudiendo ser actualizada en la mitad de su periodo de vigencia, además esta herramienta será propuesta por el SAIG al Presidente de la República, quien deberá aprobarla.
Otros puntos relevantes de la Ley se vinculan con funciones como asesorar técnicamente a los auditores internos, formular o adoptar normas técnicas, lineamientos o esquemas, entre otras. Igualmente, el Presidente de la República podrá solicitar al SAIG –de manera excepcional- la realización de auditorías a los órganos del Estado.