Gobierno publica La Estrategia Nacional de Integridad Pública
06/11/2023
La Estrategia Nacional de Integridad Pública es una política hecha de manera participativa, basada en evidencia, y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en un país. Esta política pública cuenta con más de 200 medidas concretas para mejorar los estándares de integridad y prevenir la corrupción.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de medidas para combatir la corrupción que la conforman:
Medidas anticorrupción en la función pública
La Estrategia Nacional de Integridad Pública contiene 70 medidas orientadas a combatir la corrupción en la función pública.
Prevención de conflictos de interés
Entre las medidas que forman parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública se cuenta la presentación de un proyecto de ley de prevención de conflictos de intereses.
Este proyecto agrupa diferentes medidas legislativas de la Estrategia, tales como:
- Nuevas habilidades post-empleo que regulen el tránsito del mundo privado al público y viceversa. Incluye el establecimiento de sanciones.
- Restringir la contratación de parientes en altas autoridades.
- Inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos o de elección popular a quienes cometieron delitos de corrupción.
La propuesta también considera el fin al secreto bancario.
Integridad municipal
Proyecto de ley de Integridad Municipal, que ya está siendo tramitado con urgencia en la Cámara. Agrupa distintas medidas legislativas de la ENIP como:
- Mayor control a las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control de cada municipio (recomendada por Comisión Jaraquemada), deber de auditoría externa en caso de recibir aportes públicos sobre los 10 mil UTM anuales.
- Impedir que alcaldesas y alcaldes nombren a hijos, padres, cónyuges, convivientes civiles o parientes (ya sea respecto del alcalde o concejales) en cargos de exclusiva confianza.
Recursos públicos
La ENIP considera 40 medidas para proteger los recursos públicos, entre las que se encuentran:
Ley de compras públicas
La Ley de compras públicas que fue promulgada recientemente agrupa medidas legislativas, como un sistema de detección de conflictos de intereses y monitoreo de tratos directos.
Regulación de transferencias estatales a instituciones
La ENIP considera la presentación de un proyecto de ley General de Transferencias que regularía de forma permanente las transferencias estatales a instituciones privadas sin fines de lucro.
Este proyecto también consolidaría lo incorporado en el Presupuesto 2024.
Enfoque en transparencia
La estrategia presentada por el Gobierno para combatir la corrupción considera la importancia de la transparencia.
Es por esto que entre sus medidas se encuentra la apertura de datos del Estado a través de medidas administrativas, legislativas y de gestión.
Se busca desarrollar un portal único de cuentas públicas de las instituciones del Estado y un portal donde responder solicitudes de la ciudadanía.
Medidas para combatir la corrupción en política
La ENIP considera medidas para combatir la corrupción en la política, como las que puedes ver a continuación.
Impedir postulación a cargos públicos a condenados por corrupción
El Gobierno impulsará un proyecto de ley de Ficha Limpia de candidatos y de autoridades de partidos políticos.
Se trata de una medida legislativa que impide a personas condenadas por ciertos delitos de corrupción presentarse a cargos de elección popular u ocupar puestos de dirigencia en partidos.
Regulación de gasto electoral
La estrategia considera mejoras a la regulación de gasto electoral y otros temas de campañas políticas.
Entre otras medidas, se busca:
- Reducir los topes de gasto electoral y los límites de aportes por persona en campañas.
- Limitar la contratación de personal en un municipio durante el período electoral.
- Obligación de establecer tarifas de publicidad en redes y portales web.
Combatir la corrupción en el sector privado
Las medidas de la Estrategia Nacional de Integridad Pública consideran crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, para facilitar el combate a:
- Evasión fiscal
- Crimen organizado
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Atentados contra la libre competencia
- Conflictos de intereses
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